miércoles, 5 de agosto de 2015

ARAGÓN Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

Zaragoza , 5 de agosto de 2015
Aragón Digital
(http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=135488&secid=21)


Tras varios años en los que se ha criticado a los gobiernos anteriores por llevar a cabo tantos recortes en áreas claves y estratégicas (como la educación, sanidad, infraestructuras, servicios sociales…), el nuevo Gobierno de centro izquierda que han elegido las Cortes de Aragón hace varias semanas tiene como uno de los retos principales el poner fin a la etapa anterior, y retomar la consolidación en nuestra tierra del Estado del Bienestar.
El Estatuto de Autonomía de 2007 (que por debajo de la Constitución, es la norma de mayor rango que existe en Aragón), concede a nuestra Comunidad más y mejores competencias en todas las áreas y, un dato muy importante que suele pasar desapercibido: por primera vez en 40 años de andadura autonómica, reconoce a los ciudadanos de Aragón una serie de derechos fundamentales, muchos de ellos de contenido social y económico.
El artículo 14 del Estatuto  establece el derecho a la salud en un régimen de “universalidad”, para “todas las personas”, por lo que la extensión ahora a todos los residentes empadronados en Aragón es una exigencia de nuestra Norma Fundamental: el Estatuto. Y que el Gobierno anterior, en un incumplimiento flagrante, había negado a varias decenas de miles de personas, que habían quedado desprotegidas, como si viviéramos en Estados Unidos en lugar de en la Europa del bienestar y la socialdemocracia.
Otros ejemplos: derecho a contar con unos servicios públicos de calidad (artículo 16 del Estatuto),  derecho de protección de los consumidores (artículo 17, por ejemplo, frente a los bancos, en relación con los desahucios ), derechos en relación con el medio ambiente (artículo 18, donde por ejemplo, ello fundamenta que se apueste a fondo por las energías renovables y la protección de los montes y bosques), derecho a disponer de agua de calidad, evitándose los trasvases (artículo 19), o el derecho a la educación (artículo 21), y al bienestar y cohesión social (artículo 23).
Con todo este elenco de derechos fundamentales, sociales y económicos, que gozan de una protección estatutaria fundamental en nuestra Carta Magna autonómica (que es nuestro Estatuto), el nuevo Gobierno cuenta con un instrumento legal fundamental para reforzar la protección y la cohesión social de todos los ciudadanos de Aragón y, si es preciso, presionar al Gobierno central para que , en tiempo de crisis, permita una mayor inversión pública que estimule la economía y, en el plano social, asegure la cohesión social en nuestra tierra.
En definitiva, el freno a las políticas de recortes y la apuesta por políticas keynesianas de inversión pública y de estímulo de la economía, como hemos expuesto en este artículo, es una exigencia legal, de nuestro Estatuto de Autonomía, y los poderes públicos aragoneses (autonómico, locales, incluso gobierno central con sede en Aragón), tienen la firme obligación legal de ponerlas en marcha pues, en caso contrario, estarían vulnerando nuestro ordenamiento jurídico.
Los grandes economistas de nuestro tiempo, expertos en la “economía del bienestar”, afirman que para un mayor progreso económico y para lograr la eficiencia económica, es totalmente necesario que exista una mejor distribución de la riqueza.

El nuevo Gobierno ha comenzado con buen pie aplicando nuestro Estatuto de 2007, y ojalá estos cuatro años supongan un giro en relación con los anteriores.