Aragón Digital
(http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=135488&secid=21)
Tras varios años en los que se ha
criticado a los gobiernos anteriores por llevar a cabo tantos recortes en áreas
claves y estratégicas (como la educación, sanidad, infraestructuras, servicios
sociales…), el nuevo Gobierno de centro izquierda que han elegido las Cortes de
Aragón hace varias semanas tiene como uno de los retos principales el poner fin
a la etapa anterior, y retomar la consolidación en nuestra tierra del Estado
del Bienestar.
El Estatuto de Autonomía de 2007 (que por
debajo de la Constitución, es la norma de mayor rango que existe en Aragón), concede
a nuestra Comunidad más y mejores competencias en todas las áreas y, un dato
muy importante que suele pasar desapercibido: por primera vez en 40 años de
andadura autonómica, reconoce a los ciudadanos de Aragón una serie de derechos
fundamentales, muchos de ellos de contenido social y económico.
El artículo 14 del Estatuto establece el derecho a la salud en un régimen
de “universalidad”, para “todas las personas”, por lo que la extensión ahora a
todos los residentes empadronados en Aragón es una exigencia de nuestra Norma
Fundamental: el Estatuto. Y que el Gobierno anterior, en un incumplimiento flagrante,
había negado a varias decenas de miles de personas, que habían quedado
desprotegidas, como si viviéramos en Estados Unidos en lugar de en la Europa
del bienestar y la socialdemocracia.
Otros ejemplos: derecho a contar con unos
servicios públicos de calidad (artículo 16 del Estatuto), derecho de protección de los consumidores
(artículo 17, por ejemplo, frente a los bancos, en relación con los desahucios
), derechos en relación con el medio ambiente (artículo 18, donde por ejemplo,
ello fundamenta que se apueste a fondo por las energías renovables y la
protección de los montes y bosques), derecho a disponer de agua de calidad,
evitándose los trasvases (artículo 19), o el derecho a la educación (artículo
21), y al bienestar y cohesión social (artículo 23).
Con todo este elenco de derechos
fundamentales, sociales y económicos, que gozan de una protección estatutaria
fundamental en nuestra Carta Magna autonómica (que es nuestro Estatuto), el
nuevo Gobierno cuenta con un instrumento legal fundamental para reforzar la
protección y la cohesión social de todos los ciudadanos de Aragón y, si es
preciso, presionar al Gobierno central para que , en tiempo de crisis, permita
una mayor inversión pública que estimule la economía y, en el plano social,
asegure la cohesión social en nuestra tierra.
En definitiva, el freno a las políticas de
recortes y la apuesta por políticas keynesianas de inversión pública y de
estímulo de la economía, como hemos expuesto en este artículo, es una exigencia
legal, de nuestro Estatuto de Autonomía, y los poderes públicos aragoneses
(autonómico, locales, incluso gobierno central con sede en Aragón), tienen la
firme obligación legal de ponerlas en marcha pues, en caso contrario, estarían
vulnerando nuestro ordenamiento jurídico.
Los grandes economistas de nuestro tiempo,
expertos en la “economía del bienestar”, afirman que para un mayor progreso
económico y para lograr la eficiencia económica, es totalmente necesario que
exista una mejor distribución de la riqueza.
El nuevo Gobierno ha comenzado con buen
pie aplicando nuestro Estatuto de 2007, y ojalá estos cuatro años supongan un
giro en relación con los anteriores.
