Zaragoza, 31 de octubre de 2014
Aragón Digital
( http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=125775&secid=21)
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La misión de todo Gobierno es que la
riqueza de un país y de una región se reparta de la mejor manera, se busquen
los equilibrios económicos y se satisfagan las necesidades de los ciudadanos de
modo eficiente. Sólo así se consigue una economía y una sociedad saludables y
prósperas.
¿ Tenemos hoy esta situación en España y
en Aragón?
Pues la respuesta debe ser negativa, pues
llevamos más de seis largos años de crisis económica y desde su comienzo hasta
el día de hoy, ha aumentado de modo notable la desigualdad social y la
prosperidad de la población ha descendido notablemente.
La solución dada por los distintos
gobiernos, ante las imposiciones de la famosa troika y de los mercados, han sido los recortes, en los servicios
públicos (educación, sanidad…), en los salarios de los empleados públicos, y en
inversión en infraestructuras (carreteras, colegios…) y en investigación y
desarrollo, entre otros muchos sectores.
Este capital público que siempre se venía
invirtiendo, y que hacía crecer cada año a la economía entre 1 y 1,5 puntos,
como mínimo, y creaba cientos de miles de empleos, dejó de existir, y al
contraerse también la actividad privada (empresas y consumidores), ha dado lugar a la actual situación económica de
estancamiento crónico que padecemos, con un consumo contraído prácticamente a
niveles de subsistencia.
Con la burda excusa de que hay que
recortar para cumplir con los “deberes de Europa” , esta descapitalización de
la sociedad ha dado lugar a un incremento notable de las desigualdades, con una
parte importante de la población situada en niveles prácticamente de
subsistencia, y un aumento importante de la pobreza.
Mientras tanto, se afirma artificiosamente
que se está creando empleo, cuando el número de horas trabajadas ha disminuido
(aumentan los contratos parciales a 1-2 horas al día, y se precarizan los
salarios), y la enorme subida de impuestos en estos años es la que hace
artificialmente aumentar el PIB.
Pero la riqueza real de la población ha
disminuido notablemente, mientras que a las grandes fortunas y al movimiento de
capital desde y hacia paraísos fiscales (apoyada también desde muchos políticos
aprovechados, de lo que hoy se llama “la casta” –véase el caso Pujol y otros
muchos que están empezando a salir, y los que faltan-), se les ha aplicado una
amnistía fiscal y una tolerancia que hace que quienes pagan en España son los
mismos: las clases medias y trabajadoras.
Frente a todo ello, y llevamos también 6
años diciéndolo, la solución es una mayor inversión pública y privada, para que
la economía se recupere, y el único modo de lograrlo es con un cambio radical
en la política económica, para que se apliquen estímulos a la actividad económica.
El dinero público y privado para conseguir
estos estímulos debería conseguirse a través de una gestión mucho más eficiente
del dinero público, y con una radical reforma de la Administración, mucho mayor
que la que se ha realizado (que ha sido muy superficial y centrada sólo en
rebajar el salario de los empleados públicos, lo que les ha desincentivado aún
más, y en agilizar unos pocos trámites).
Es preciso actuar de modo radical en la Administración, reduciendo y
simplificando muchas estructuras: suprimiendo muchas sociedades públicas (sobre
todo autonómicas y locales), que siguen aún hoy gestionando mucha decenas de
miles de millones de euros; y también, reduciendo Ayuntamientos (de los 8.000
actuales podrían reducirse a apenas 1.000, unificando servicios), y suprimiendo
diputaciones y, en Aragón, las comarcas.
El ahorro total que se lograría al año
sería de al menos 60.000 millones de euros, y evitaría los recortes y
permitiría destinar una parte importante de ese dinero a políticas de estímulo
económico.
Si a ello añadimos que una parte de la
deuda de España debería también auditarse, para negociar un modo diferente de
pago, con todas estas medidas, como decimos, comenzaría a relanzarse la
actividad, y nuestro país y nuestra región volverían a entrar en sendas de
dinamismo y de crecimiento.
Es preciso valentía y voluntad real para
aplicar estas medidas, y la irrupción de Podemos, que podría incluso ganar las
próximas elecciones generales, debe servir a todos los partidos como incentivo
para que la política económica dé un giro totalmente radical y definitivo,
hacia lo que la población está demandando a voces desde hace tiempo.
