Zaragoza, 17 de febrero de 2014
Aragón Digital, 28 de febrero de 2014 :
En el actual sistema judicial con el que
contamos en España y en Aragón, los ciudadanos exigen a los jueces que sean los
garantes fundamentales de los derechos fundamentales que nuestro sistema legal
y constitucional ha instaurado desde 1978.
Si bien es cierto que se ha avanzado mucho
en estas tres últimas décadas de andadura de nuestra Carta Magna, muchas de las
medidas adoptadas en los últimos tiempos, en especial por el Gobierno central
(como la ley de tasas, los recortes en la Administración de justicia, o la
anunciada privatización del registro civil, entre otras), suponen un importante
retroceso en todo lo conseguido hasta entonces.
Además del funcionamiento diario del
sistema judicial y legal, que lo vivimos los profesionales y los usuarios del
mismo, llama la atención también (según reflejan las recientes encuestas
realizadas), que los ciudadanos han perdido una importante confianza que
existía hace años hacia la figura de los jueces y fiscales.
Ello no se debe, sin duda alguna, al grado
de preparación y profesionalidad de los mismos (sin duda alguna de los más
altos de Europa), sino sobre todo, al modo en que repercute en el sistema (el
último informe Greco del Consejo de Europa sobre la corrupción en el sistema
judicial y legal así lo manifiesta, para España), la manera en que es elegido
el máximo órgano de gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial)
y el obsoleto sistema jerárquico de funcionamiento de la fiscalía (comenzando
con el Fiscal General del Estado).
Esto último impide que en provincias
medianas o pequeñas los jueces y fiscales apenas cuenten con margen para
perseguir los casos de corrupción, y los ciudadanos asistan estupefactos a
episodios recientes como algunas sentencias o decisiones adoptadas
recientemente (sentencia Marbella, o actitud de la fiscalía aquí de no
comparecer en el caso Caladero ) o , por ejemplo, al modo en que ha sido
instruido el caso Molinos de La Muela, donde todo el mundo sabe que ha habido
muchas más presuntas implicaciones que las investigadas, pero donde es un hecho
claro que no se ha llegado hasta el final de donde se debería instruir.
En este contexto, no es de extrañar que
alguna asociación nacional de jueces vaya a impugnar el modo en que se ha
elegido al actual Consejo del Poder Judicial, donde en lugar de hacerse como en
Estados Unidos (donde los miembros más altos de la judicatura pasan por un
examen muy estricto ante el Parlamento, no permitiéndose ni la más mínima
incompatibilidad, eligiéndose a los mejores), los partidos de turno eligen a
las personas más afines, con el fin posteriormente de poder turnarse en tapar
escándalos y realizarse favores mutuos en distintos casos donde están
implicados unos y otros.
España y Aragón se merecen un sistema
judicial eficaz, con más medios materiales y personales, donde el juez sea el
garante y protector de los derechos de los ciudadanos frente a las
arbitrariedades del poder (recordemos el célebre libro del profesor Eduardo
García de Enterría con este título), y donde se llegue hasta el final, con sus
últimas implicaciones y actores, en la lucha contra la corrupción y las
irregularidades que cometen quienes ejercen cualquier poder.
Quien les habla ya puso de manifiesto
muchas de estas presuntas conductas, hace no mucho tiempo, y los hechos
actuales nos están dando plenamente la razón, pero el modo en que se está
actuando en muchos casos nos da a entender que todavía queda muchísimo por
hacer, y que es preciso un cambio radical en mentalidades, en valores, en
personas y en la forma de hacer en muchos de los casos.
