lunes, 26 de mayo de 2014

JUSTICIA Y CORRUPCIÓN

Zaragoza, 17 de febrero de 2014

Aragón Digital, 28 de febrero de 2014 :

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=117644

En el actual sistema judicial con el que contamos en España y en Aragón, los ciudadanos exigen a los jueces que sean los garantes fundamentales de los derechos fundamentales que nuestro sistema legal y constitucional ha instaurado desde 1978.
Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en estas tres últimas décadas de andadura de nuestra Carta Magna, muchas de las medidas adoptadas en los últimos tiempos, en especial por el Gobierno central (como la ley de tasas, los recortes en la Administración de justicia, o la anunciada privatización del registro civil, entre otras), suponen un importante retroceso en todo lo conseguido hasta entonces.
Además del funcionamiento diario del sistema judicial y legal, que lo vivimos los profesionales y los usuarios del mismo, llama la atención también (según reflejan las recientes encuestas realizadas), que los ciudadanos han perdido una importante confianza que existía hace años hacia la figura de los jueces y fiscales.
Ello no se debe, sin duda alguna, al grado de preparación y profesionalidad de los mismos (sin duda alguna de los más altos de Europa), sino sobre todo, al modo en que repercute en el sistema (el último informe Greco del Consejo de Europa sobre la corrupción en el sistema judicial y legal así lo manifiesta, para España), la manera en que es elegido el máximo órgano de gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) y el obsoleto sistema jerárquico de funcionamiento de la fiscalía (comenzando con el Fiscal General del Estado).
Esto último impide que en provincias medianas o pequeñas los jueces y fiscales apenas cuenten con margen para perseguir los casos de corrupción, y los ciudadanos asistan estupefactos a episodios recientes como algunas sentencias o decisiones adoptadas recientemente (sentencia Marbella, o actitud de la fiscalía aquí de no comparecer en el caso Caladero ) o , por ejemplo, al modo en que ha sido instruido el caso Molinos de La Muela, donde todo el mundo sabe que ha habido muchas más presuntas implicaciones que las investigadas, pero donde es un hecho claro que no se ha llegado hasta el final de donde se debería instruir.
En este contexto, no es de extrañar que alguna asociación nacional de jueces vaya a impugnar el modo en que se ha elegido al actual Consejo del Poder Judicial, donde en lugar de hacerse como en Estados Unidos (donde los miembros más altos de la judicatura pasan por un examen muy estricto ante el Parlamento, no permitiéndose ni la más mínima incompatibilidad, eligiéndose a los mejores), los partidos de turno eligen a las personas más afines, con el fin posteriormente de poder turnarse en tapar escándalos y realizarse favores mutuos en distintos casos donde están implicados unos y otros.
España y Aragón se merecen un sistema judicial eficaz, con más medios materiales y personales, donde el juez sea el garante y protector de los derechos de los ciudadanos frente a las arbitrariedades del poder (recordemos el célebre libro del profesor Eduardo García de Enterría con este título), y donde se llegue hasta el final, con sus últimas implicaciones y actores, en la lucha contra la corrupción y las irregularidades que cometen quienes ejercen cualquier poder.
Quien les habla ya puso de manifiesto muchas de estas presuntas conductas, hace no mucho tiempo, y los hechos actuales nos están dando plenamente la razón, pero el modo en que se está actuando en muchos casos nos da a entender que todavía queda muchísimo por hacer, y que es preciso un cambio radical en mentalidades, en valores, en personas y en la forma de hacer en muchos de los casos.