Las afortunadas palabras de nuestro Decano de
Decanos, Carlos Carnicer (“Necesitamos más jueces, no más tasas”) resumen de
modo muy acertado y significativo el sentir de toda la comunidad jurídica, por
unanimidad, y de la inmensa mayoría de los ciudadanos de España, que consideran
que la Ley de Tasas aprobada en noviembre, constituye un importante retroceso
en nuestro sistema constitucional de justicia implantado en nuestro país en las
últimas tres décadas.
El servicio público de la Justicia constituye uno de
los instrumentos esenciales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho,
que declaró el artículo 1 de nuestra Constitución de 1978, para conseguir que
la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley sea un hecho efectivo , y que
día a día, caso a caso, sentencia a sentencia o pacto a pacto, se vaya
consiguiendo, y que los ciudadanos puedan contar con un sistema legal eficiente
y adaptado a los impresionantes retos que nuestra sociedad tiene planteados en
este siglo XXI.
La vuelta al sistema de tasas judiciales supone un
enorme retroceso en la concepción constitucional de la justicia, y lejos de
conseguir una menor litigiosidad, supone una grave discriminación entre los
ciudadanos que podrán acceder a ella y los que no, y causará a toda la
comunidad jurídica (jueces, funcionarios, fiscales, abogados, procuradores y
ciudadanos usuarios en general) unos perjuicios que sólo una derogación o
anulación de esta Ley y de sus normas de desarrollo podrán evitar.
Existen otras soluciones alternativas ante el colapso
que vive hoy nuestro sistema judicial, ante el aumento de los pleitos en
tiempos de crisis, como por ejemplo el imprescindible impulso a los sistemas
extrajudiciales de resolución de conflictos (mediación y arbitraje), o también,
la dotación de más medios personales, materiales y de instrumentos de
coordinación y de gestión eficiente de los recursos públicos.
Lejos de poner en marcha estos últimos mecanismos, desde
el Gobierno se está optando por la solución más fácil: recortar los salarios de
los empleados públicos, recortar en medios materiales e implantar un sistema de
tasas que es ciertamente decimonónico y anacrónico.
Con ello, se provocará un aluvión de recursos contra
estas nuevas medidas, que tienen por lo demás muchas posibilidades de
prosperar, y que conseguirán sin duda una paralización inmediata de las mismas.
Ante esta situación, la mejor solución sería una
derogación inmediata de la Ley de tasas y la puesta en marcha de nuevas medidas
más imaginativas y positivas para modernizar nuestra justicia, justo en la
línea contraria de lo que se está haciendo: motivar a toda la comunidad
jurídica (jueces, fiscales, personal al servicio de la misma, abogados,
procuradores, usuarios) con un aumento de los medios de la justicia y de los
mecanismos legales alternativos, de modo que en la Justicia sólo acaben los
casos de mayor relevancia, pero ofreciendo instrumentos que sustituyan a ésta
con acuerdo previo entre las partes.
Los Abogados estamos muy indignados ante esta
situación y nos opondremos, con todos los instrumentos legales a nuestro
alcance, para conseguir su inmediata paralización y derogación.
