Ante el nuevo sistema financiero
César CIRIANO
Con la aprobación del Real Decreto
Ley 2/2012, de reforma del sistema financiero, el Gobierno ha pretendido sentar
las bases definitivas para que todos los cambios en la regulación de nuestro sector
financiero, que se han aprobado desde 2010 con el consenso de los dos grandes
partidos, consigan por fin la confianza de nuestros socios comunitarios y de
los inversores internacionales.
La crisis de nuestro sector
inmobiliario era mucho más profunda de lo que se pensaba inicialmente, y sólo
con medidas drásticas y definitivas es como podrá conseguirse que España pueda
de nuevo iniciar el camino de la recuperación económica.
No se trata aquí de buscar culpables
y responsables a esta crisis financiera-inmobiliaria, pues todos los operadores
económicos que han actuado en este ámbito han tenido una parte de
responsabilidad, incluidos los consumidores, que se vieron arrastrados por un
sistema económico en donde el sector inmobiliario y el aumento del valor de los
inmuebles constituía una ilusión y una burbuja ficticia en la que casi todo el
mundo (bancos, empresas del sector, gobiernos y consumidores) acabaron
creyendo.
Una vez analizadas con acierto por
muchos economistas y expertos las causas de esta profunda crisis, se trata
ahora de adoptar medidas que puedan ya considerarse definitivas, después de dos
años de distintos ensayos, donde existen dos elementos que me parece que deben
destacarse en el nuevo sistema financiero que se ha comenzado a vislumbrar: el
final de las cajas de ahorros, y la asunción por todo el sistema (bancos,
empresas del sector, gobiernos y consumidores) del coste de poner en su
verdadero valor al sector inmobiliario.
El sistema financiero necesita de
nuevo conseguir la liquidez que permita a las empresas y a los consumidores
inyectar decenas de miles de millones de euros en el sistema, en forma de
inversión y de adquisición de bienes, y para ello es absolutamente
imprescindible que termine por digerirse la factura de la crisis inmobiliaria.
Esta vez debe ser la definitiva, y
esperemos y deseemos que las medidas adoptadas sean acertadas y consigan este
objetivo
En cuanto a las cajas de ahorros,
aunque se ha perdido una oportunidad para que los Gobiernos estatal y
autonómicos hubieran podido recaudar muchas decenas de miles de euros si la
conversión de cajas en bancos se hubiera hecho de modo más inteligente, sin
embargo debe reconocerse que las cajas no podían continuar funcionando con la
falta de transparencia y de control que les han conducido al desastre en la
gestión de muchas de ellas.
Su conversión en bancos será una
oportunidad para que todo el sistema financiero pueda gestionarse con criterios
de eficiencia.
Pero es absolutamente imprescindible
instaurar códigos de buen gobierno y mecanismos de control y regulación y, al
mismo tiempo, ante la concentración de todo el sistema financiero en 4 ó 5
grandes grupos, resulta también muy necesario aplicar la legislación española y
europea antimonopolio.
Es muy probable que el nuevo sistema
financiero acabe siendo mucho más eficiente que el que hemos tenido en los
últimos 20 años, pero sólo se conseguirá este objetivo si los mecanismos de
regulación son realmente eficaces.
Por ello, el papel de los organismos
de control (autoridades comunitarias, Ministerio de Economía y Banco de España)
es hoy determinante, y del modo en que éstos funcionen en el futuro dependerá
que puedan preverse y evitarse futuras crisis como la que venimos padeciendo en
estos últimos años.
Puede que necesitemos menos gobierno en cuanto al peso de lo
público en el PIB, pero es imprescindible un mejor gobierno en la regulación de los mercados, lo que en el fondo
paradójicamente debe suponer un reforzamiento de lo público y de los valores
democráticos de nuestra Constitución económica española y europea.
