viernes, 14 de diciembre de 2012

ABOGACÍA Y LEY DE TASAS



Las afortunadas palabras de nuestro Decano de Decanos, Carlos Carnicer (“Necesitamos más jueces, no más tasas”) resumen de modo muy acertado y significativo el sentir de toda la comunidad jurídica, por unanimidad, y de la inmensa mayoría de los ciudadanos de España, que consideran que la Ley de Tasas aprobada en noviembre, constituye un importante retroceso en nuestro sistema constitucional de justicia implantado en nuestro país en las últimas tres décadas.

El servicio público de la Justicia constituye uno de los instrumentos esenciales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que declaró el artículo 1 de nuestra Constitución de 1978, para conseguir que la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley sea un hecho efectivo , y que día a día, caso a caso, sentencia a sentencia o pacto a pacto, se vaya consiguiendo, y que los ciudadanos puedan contar con un sistema legal eficiente y adaptado a los impresionantes retos que nuestra sociedad tiene planteados en este siglo XXI.

La vuelta al sistema de tasas judiciales supone un enorme retroceso en la concepción constitucional de la justicia, y lejos de conseguir una menor litigiosidad, supone una grave discriminación entre los ciudadanos que podrán acceder a ella y los que no, y causará a toda la comunidad jurídica (jueces, funcionarios, fiscales, abogados, procuradores y ciudadanos usuarios en general) unos perjuicios que sólo una derogación o anulación de esta Ley y de sus normas de desarrollo podrán evitar.

Existen otras soluciones alternativas ante el colapso que vive hoy nuestro sistema judicial, ante el aumento de los pleitos en tiempos de crisis, como por ejemplo el imprescindible impulso a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos (mediación y arbitraje), o también, la dotación de más medios personales, materiales y de instrumentos de coordinación y de gestión eficiente de los recursos públicos.

Lejos de poner en marcha estos últimos mecanismos, desde el Gobierno se está optando por la solución más fácil: recortar los salarios de los empleados públicos, recortar en medios materiales e implantar un sistema de tasas que es ciertamente decimonónico y anacrónico.

Con ello, se provocará un aluvión de recursos contra estas nuevas medidas, que tienen por lo demás muchas posibilidades de prosperar, y que conseguirán sin duda una paralización inmediata de las mismas.

Ante esta situación, la mejor solución sería una derogación inmediata de la Ley de tasas y la puesta en marcha de nuevas medidas más imaginativas y positivas para modernizar nuestra justicia, justo en la línea contraria de lo que se está haciendo: motivar a toda la comunidad jurídica (jueces, fiscales, personal al servicio de la misma, abogados, procuradores, usuarios) con un aumento de los medios de la justicia y de los mecanismos legales alternativos, de modo que en la Justicia sólo acaben los casos de mayor relevancia, pero ofreciendo instrumentos que sustituyan a ésta con acuerdo previo entre las partes.

Los Abogados estamos muy indignados ante esta situación y nos opondremos, con todos los instrumentos legales a nuestro alcance, para conseguir su inmediata paralización y derogación.