En nuestro
artículo “La Canciller y el Mapa”, de hace unos meses (http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=95791),
ya afirmábamos que no resulta razonable condicionar la política económica y la
fiscalidad pública en España a lo que puedan dictarnos algunos de nuestros
socios comunitarios
Estos días los
medios de comunicación nacionales han publicado que la situación de los bancos
alemanes es muy preocupante y que la canciller Merkel ha conseguido que la UE
retrase la creación del Supervisor Bancario Europeo hasta 2014, para dejar
pasar las elecciones alemanas de otoño próximo y que el Bundesbank continúe
hasta entonces controlando a las entidades financieras germanas, en lugar de la
nueva autoridad europea
Debemos
recordar que hasta hace tres años, España era un país ejemplar en el control de
las cuentas públicas, y que tanto los últimos gobiernos de Aznar como todos los
de Zapatero consiguieron que España bajara su déficit desde más del 60% que
estaba en 2000 hasta el 30% en 2008, mientras que Alemania o Francia no bajaban
entonces del 3% de déficit ningún año
Ante esta
situación, si España fue en esos momentos flexible y tolerante con los socios
comunitarios, ahora éstos deberían serlo con nuestro país, pues uno de los
principios fundamentales de la Unión Europea es la solidaridad entre sus
Estados miembros y la reciprocidad mutua en todo tipo de políticas (fiscal,
económica, ambiental, agrícola, industrial…)
Por ello, si
Alemania y Francia rompen ahora esta solidaridad, exigiendo continuamente a
nuestros gobernantes realizar una política de recortes totalmente inaceptable,
que está empobreciendo notablemente a nuestro país (rompe el equilibrio y la
equidad social y además al paralizarse la inversión pública, paraliza el
crecimiento económico), España tendrá el derecho a desarrollar una nueva
estrategia en política económica
Y como gran
parte del aumento de la deuda se debe a la presión de los especuladores
financieros (y los recursos públicos dedicados a cubrir ese agujero fiscal se
dejan de dedicar a educación, sanidad, carreteras, hospitales, investigación,
políticas sociales e industriales…), considero que nuestros gobernantes
deberían adoptar la actitud valiente de decir “basta” a este continuo abuso que
se está cometiendo sobre nuestras políticas públicas y el equilibrio social y
futuro de nuestro país
Ante ello, una
buena medida a adoptar (como ha afirmado con acierto Jean Ziegler,
vicepresidente de Derechos Humanos de la ONU), iniciar un procedimiento legal
en los organismos internacionales para paralizar el pago de nuestra deuda, y
con una negativa pública, expresada ante nuestros socios de la UE, a pagar la
deuda.
Así hizo el
presidente Rafael Correa en Ecuador hace unos años, con la enorme e injusta
deuda que le dejaron sus predecesores, y el resultado ha sido que se ha
aceptado esta moratoria en el pago, y el país está creciendo a más del 5%,
construyendo infraestructuras, universalizando la educación y la sanidad (como
hizo Lula en Brasil) y repartiendo los 15.000 millones de dólares de ingreso en
concepto de venta de petróleo entre la población, en forma de políticas
públicas y de estímulo a la economía y a los sectores productivos
Sólo con una
decisión valiente por parte de nuestros gobernantes es como se podrá dar un
giro radical a la situación actual, y es de gobernantes con visión el adoptar
determinaciones de este tipo.
Nuestra deuda
ha sido generada en gran parte por decisiones radicalmente equivocadas por
parte de algunos políticos y dirigentes bancarios (que hincharon la burbuja
inmobiliaria conociendo que algún día estallaría), y desde que la deuda cotiza
en los mercados internacionales, nadie se ha atrevido a frenar este desaguisado
en la gestión pública
Pero creo que
ha llegado el momento de plantear a nuestros socios comunitarios, con
fundamento en los Tratados de la UE, esta moratoria a pagar la deuda, que se
base en el principio comunitario de cohesión social, de estímulo público a la
economía y de solidaridad entre los Estados miembros, y que entiendo que
legalmente están por encima del objetivo de control del déficit, que al ser un
objetivo político, la legalidad comunitaria puede entenderse por encima de él
Apliquemos los
Tratados y la tradición europea, social y de estímulo a la economía de la
Unión, que siempre ha presidido la construcción de Europa en los últimos 50
años.
Otros países
nos seguirán y se dará un giro a la actual política económica, que es
radicalmente errónea y necesita un cambio profundo de orientación.
Aragón, como
parte de España y Europa, se vería notablemente beneficiado por este necesario
cambio de orientación que proponemos.
