lunes, 29 de octubre de 2012

CANCELEMOS LA DEUDA, CON VALENTÍA


En nuestro artículo “La Canciller y el Mapa”, de hace unos meses (http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=95791), ya afirmábamos que no resulta razonable condicionar la política económica y la fiscalidad pública en España a lo que puedan dictarnos algunos de nuestros socios comunitarios

Estos días los medios de comunicación nacionales han publicado que la situación de los bancos alemanes es muy preocupante y que la canciller Merkel ha conseguido que la UE retrase la creación del Supervisor Bancario Europeo hasta 2014, para dejar pasar las elecciones alemanas de otoño próximo y que el Bundesbank continúe hasta entonces controlando a las entidades financieras germanas, en lugar de la nueva autoridad europea

Debemos recordar que hasta hace tres años, España era un país ejemplar en el control de las cuentas públicas, y que tanto los últimos gobiernos de Aznar como todos los de Zapatero consiguieron que España bajara su déficit desde más del 60% que estaba en 2000 hasta el 30% en 2008, mientras que Alemania o Francia no bajaban entonces del 3% de déficit ningún año

Ante esta situación, si España fue en esos momentos flexible y tolerante con los socios comunitarios, ahora éstos deberían serlo con nuestro país, pues uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es la solidaridad entre sus Estados miembros y la reciprocidad mutua en todo tipo de políticas (fiscal, económica, ambiental, agrícola, industrial…)

Por ello, si Alemania y Francia rompen ahora esta solidaridad, exigiendo continuamente a nuestros gobernantes realizar una política de recortes totalmente inaceptable, que está empobreciendo notablemente a nuestro país (rompe el equilibrio y la equidad social y además al paralizarse la inversión pública, paraliza el crecimiento económico), España tendrá el derecho a desarrollar una nueva estrategia en política económica

Y como gran parte del aumento de la deuda se debe a la presión de los especuladores financieros (y los recursos públicos dedicados a cubrir ese agujero fiscal se dejan de dedicar a educación, sanidad, carreteras, hospitales, investigación, políticas sociales e industriales…), considero que nuestros gobernantes deberían adoptar la actitud valiente de decir “basta” a este continuo abuso que se está cometiendo sobre nuestras políticas públicas y el equilibrio social y futuro de nuestro país

Ante ello, una buena medida a adoptar (como ha afirmado con acierto Jean Ziegler, vicepresidente de Derechos Humanos de la ONU), iniciar un procedimiento legal en los organismos internacionales para paralizar el pago de nuestra deuda, y con una negativa pública, expresada ante nuestros socios de la UE, a pagar la deuda.

Así hizo el presidente Rafael Correa en Ecuador hace unos años, con la enorme e injusta deuda que le dejaron sus predecesores, y el resultado ha sido que se ha aceptado esta moratoria en el pago, y el país está creciendo a más del 5%, construyendo infraestructuras, universalizando la educación y la sanidad (como hizo Lula en Brasil) y repartiendo los 15.000 millones de dólares de ingreso en concepto de venta de petróleo entre la población, en forma de políticas públicas y de estímulo a la economía y a los sectores productivos

Sólo con una decisión valiente por parte de nuestros gobernantes es como se podrá dar un giro radical a la situación actual, y es de gobernantes con visión el adoptar determinaciones de este tipo.

Nuestra deuda ha sido generada en gran parte por decisiones radicalmente equivocadas por parte de algunos políticos y dirigentes bancarios (que hincharon la burbuja inmobiliaria conociendo que algún día estallaría), y desde que la deuda cotiza en los mercados internacionales, nadie se ha atrevido a frenar este desaguisado en la gestión pública

Pero creo que ha llegado el momento de plantear a nuestros socios comunitarios, con fundamento en los Tratados de la UE, esta moratoria a pagar la deuda, que se base en el principio comunitario de cohesión social, de estímulo público a la economía y de solidaridad entre los Estados miembros, y que entiendo que legalmente están por encima del objetivo de control del déficit, que al ser un objetivo político, la legalidad comunitaria puede entenderse por encima de él

Apliquemos los Tratados y la tradición europea, social y de estímulo a la economía de la Unión, que siempre ha presidido la construcción de Europa en los últimos 50 años.
Otros países nos seguirán y se dará un giro a la actual política económica, que es radicalmente errónea y necesita un cambio profundo de orientación.

Aragón, como parte de España y Europa, se vería notablemente beneficiado por este necesario cambio de orientación que proponemos.