UNA LECCIÓN PARA LA ABOGACÍA DE ZARAGOZA

Tras las elecciones a Decano y Junta de Gobierno celebradas el 19 de diciembre, el Colegio de Abogados de Zaragoza cuenta con un nuevo equipo a su frente, encabezado por Antonio Morán, a quien debemos felicitar por su victoria y por el trabajo que lleva haciendo en los últimos 20 años por la abogacía zaragozana.

Mi felicitación y reconocimiento por esta victoria, y también al otro candidato, Fernando Navarro, que se presentaba a Decano junto con quien les habla, que ha quedado en tercer lugar

Quiero manifestar, en primer lugar, que estas elecciones en nuestro Colegio han sido ejemplares en todo momento y, a diferencia de lo sucedido en Madrid, con el lamentable espectáculo que se ha dado por parte de algunos compañeros, en Zaragoza ha existido desde el principio un ambiente de respeto, lealtad y caballerosidad durante toda la campaña

Ello se plasmó con la celebración del debate entre los tres candidatos, que tuvo  lugar en un ambiente de respeto y de exposición de ideas y de programas, en un acto que honra a la abogacía de Zaragoza

El nuevo equipo decanal tiene por delante unos retos muy importantes, para adaptar a nuestra abogacía a los impresionantes cambios que se avecinan: Ley de tasas, traslado a la Ciudad de la Justicia, situación del turno de oficio y de la justicia gratuita, y la defensa del papel de los abogados dentro de nuestra sociedad

Desde nuestra candidatura defendimos que los abogados somos los profesionales que representamos a los ciudadanos desde el primer trámite hasta el último, y que en coordinación y cooperación con otros profesionales, estamos plenamente capacitados para ayudar al ciudadano a resolver sus problemas en sus relaciones con  la Administración, ante cualquier tribunal u órgano y en cualquier tipo de situación

Por ello, consideramos que la posición social del abogado debe defenderse y dignificarse, y con la aprobación y aplicación de un Código de Buen Gobierno en la abogacía, para asegurar que se actúa de acuerdo con unos principios éticos, conseguir que los abogados podamos prestar el servicio más óptimo a los ciudadanos

En estos años nuestro Colegio tiene por delante todos estos retos, y deseamos al nuevo equipo que ha salido elegido que pueda afrontarlos con los mayores éxitos posibles. 

ABOGACÍA Y LEY DE TASAS

Las afortunadas palabras de nuestro Decano de Decanos, Carlos Carnicer (“Necesitamos más jueces, no más tasas”) resumen de modo muy acertado y significativo el sentir de toda la comunidad jurídica, por unanimidad, y de la inmensa mayoría de los ciudadanos de España, que consideran que la Ley de Tasas aprobada en noviembre, constituye un importante retroceso en nuestro sistema constitucional de justicia implantado en nuestro país en las últimas tres décadas.

El servicio público de la Justicia constituye uno de los instrumentos esenciales de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que declaró el artículo 1 de nuestra Constitución de 1978, para conseguir que la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley sea un hecho efectivo , y que día a día, caso a caso, sentencia a sentencia o pacto a pacto, se vaya consiguiendo, y que los ciudadanos puedan contar con un sistema legal eficiente y adaptado a los impresionantes retos que nuestra sociedad tiene planteados en este siglo XXI.

La vuelta al sistema de tasas judiciales supone un enorme retroceso en la concepción constitucional de la justicia, y lejos de conseguir una menor litigiosidad, supone una grave discriminación entre los ciudadanos que podrán acceder a ella y los que no, y causará a toda la comunidad jurídica (jueces, funcionarios, fiscales, abogados, procuradores y ciudadanos usuarios en general) unos perjuicios que sólo una derogación o anulación de esta Ley y de sus normas de desarrollo podrán evitar.

Existen otras soluciones alternativas ante el colapso que vive hoy nuestro sistema judicial, ante el aumento de los pleitos en tiempos de crisis, como por ejemplo el imprescindible impulso a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos (mediación y arbitraje), o también, la dotación de más medios personales, materiales y de instrumentos de coordinación y de gestión eficiente de los recursos públicos.

Lejos de poner en marcha estos últimos mecanismos, desde el Gobierno se está optando por la solución más fácil: recortar los salarios de los empleados públicos, recortar en medios materiales e implantar un sistema de tasas que es ciertamente decimonónico y anacrónico.

Con ello, se provocará un aluvión de recursos contra estas nuevas medidas, que tienen por lo demás muchas posibilidades de prosperar, y que conseguirán sin duda una paralización inmediata de las mismas.

Ante esta situación, la mejor solución sería una derogación inmediata de la Ley de tasas y la puesta en marcha de nuevas medidas más imaginativas y positivas para modernizar nuestra justicia, justo en la línea contraria de lo que se está haciendo: motivar a toda la comunidad jurídica (jueces, fiscales, personal al servicio de la misma, abogados, procuradores, usuarios) con un aumento de los medios de la justicia y de los mecanismos legales alternativos, de modo que en la Justicia sólo acaben los casos de mayor relevancia, pero ofreciendo instrumentos que sustituyan a ésta con acuerdo previo entre las partes.

Los Abogados estamos muy indignados ante esta situación y nos opondremos, con todos los instrumentos legales a nuestro alcance, para conseguir su inmediata paralización y derogación. 

CANCELEMOS LA DEUDA, CON VALENTÍA

En nuestro artículo “La Canciller y el Mapa”, de hace unos meses (http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=95791), ya afirmábamos que no resulta razonable condicionar la política económica y la fiscalidad pública en España a lo que puedan dictarnos algunos de nuestros socios comunitarios

Estos días los medios de comunicación nacionales han publicado que la situación de los bancos alemanes es muy preocupante y que la canciller Merkel ha conseguido que la UE retrase la creación del Supervisor Bancario Europeo hasta 2014, para dejar pasar las elecciones alemanas de otoño próximo y que el Bundesbank continúe hasta entonces controlando a las entidades financieras germanas, en lugar de la nueva autoridad europea

Debemos recordar que hasta hace tres años, España era un país ejemplar en el control de las cuentas públicas, y que tanto los últimos gobiernos de Aznar como todos los de Zapatero consiguieron que España bajara su déficit desde más del 60% que estaba en 2000 hasta el 30% en 2008, mientras que Alemania o Francia no bajaban entonces del 3% de déficit ningún año

Ante esta situación, si España fue en esos momentos flexible y tolerante con los socios comunitarios, ahora éstos deberían serlo con nuestro país, pues uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es la solidaridad entre sus Estados miembros y la reciprocidad mutua en todo tipo de políticas (fiscal, económica, ambiental, agrícola, industrial…)

Por ello, si Alemania y Francia rompen ahora esta solidaridad, exigiendo continuamente a nuestros gobernantes realizar una política de recortes totalmente inaceptable, que está empobreciendo notablemente a nuestro país (rompe el equilibrio y la equidad social y además al paralizarse la inversión pública, paraliza el crecimiento económico), España tendrá el derecho a desarrollar una nueva estrategia en política económica

Y como gran parte del aumento de la deuda se debe a la presión de los especuladores financieros (y los recursos públicos dedicados a cubrir ese agujero fiscal se dejan de dedicar a educación, sanidad, carreteras, hospitales, investigación, políticas sociales e industriales…), considero que nuestros gobernantes deberían adoptar la actitud valiente de decir “basta” a este continuo abuso que se está cometiendo sobre nuestras políticas públicas y el equilibrio social y futuro de nuestro país

Ante ello, una buena medida a adoptar (como ha afirmado con acierto Jean Ziegler, vicepresidente de Derechos Humanos de la ONU), iniciar un procedimiento legal en los organismos internacionales para paralizar el pago de nuestra deuda, y con una negativa pública, expresada ante nuestros socios de la UE, a pagar la deuda.

Así hizo el presidente Rafael Correa en Ecuador hace unos años, con la enorme e injusta deuda que le dejaron sus predecesores, y el resultado ha sido que se ha aceptado esta moratoria en el pago, y el país está creciendo a más del 5%, construyendo infraestructuras, universalizando la educación y la sanidad (como hizo Lula en Brasil) y repartiendo los 15.000 millones de dólares de ingreso en concepto de venta de petróleo entre la población, en forma de políticas públicas y de estímulo a la economía y a los sectores productivos

Sólo con una decisión valiente por parte de nuestros gobernantes es como se podrá dar un giro radical a la situación actual, y es de gobernantes con visión el adoptar determinaciones de este tipo.

Nuestra deuda ha sido generada en gran parte por decisiones radicalmente equivocadas por parte de algunos políticos y dirigentes bancarios (que hincharon la burbuja inmobiliaria conociendo que algún día estallaría), y desde que la deuda cotiza en los mercados internacionales, nadie se ha atrevido a frenar este desaguisado en la gestión pública

Pero creo que ha llegado el momento de plantear a nuestros socios comunitarios, con fundamento en los Tratados de la UE, esta moratoria a pagar la deuda, que se base en el principio comunitario de cohesión social, de estímulo público a la economía y de solidaridad entre los Estados miembros, y que entiendo que legalmente están por encima del objetivo de control del déficit, que al ser un objetivo político, la legalidad comunitaria puede entenderse por encima de él

Apliquemos los Tratados y la tradición europea, social y de estímulo a la economía de la Unión, que siempre ha presidido la construcción de Europa en los últimos 50 años.

Otros países nos seguirán y se dará un giro a la actual política económica, que es radicalmente errónea y necesita un cambio profundo de orientación.

Aragón, como parte de España y Europa, se vería notablemente beneficiado por este necesario cambio de orientación que proponemos.

Cataluña y España se necesitan

Aragón Digital, 5 octubre 2012

Tras más de treinta años de andadura constitucional y autonómica en España y en Cataluña, por primera vez en nuestra historia reciente se ha planteado la seria posibilidad de secesión o independencia de Cataluña sobre el resto de España. Los partidos catalanistas (CIU y la rama catalanista del PSC), que durante estas tres décadas han mantenido una calculada ambigüedad sobre esta cuestión, pero sin plantear nunca abiertamente la secesión (ni siquiera la autodeterminación), han dado en las últimas semanas un paso hacia adelante hacia lo que ellos llaman "soberanía del pueblo catalán".

Sin embargo, aunque en el nuevo Estatut de 2006 introdujo algunos conceptos nuevos en su Exposición de Motivos y en los primeros preceptos de su articulado, el Tribunal Constitucional lo ha declarado conforme a la Constitución de 1978 y, por tanto, con el principio esencial de la unidad de España y con la solidaridad interterritorial, que son, junto con la coordinación y la cooperación, los pilares del actual Estado autonómico.

Llama la atención que a los pocos días de solicitarse por parte del Gobierno autonómico catalán el rescate al Estado (ante la enormidad del déficit público existente en esta Comunidad, muy superior al del resto de España), se plantee por primera vez en tres décadas el inicio de esta deriva soberanista que se produce en un momento tremendamente inoportuno, cuando España y los españoles más imagen de unidad debemos dar ante el resto de Europa y del mundo (en estos tiempos tan complicados que vivimos), y cuando el déficit catalán se ha disparado hasta límites muy por encima de los de comunidades como Madrid, o Castilla y León, que son y han sido siempre el corazón de España.

Está claro que esta estrategia (en el marco del llamado “pacto fiscal”) lo que busca es que se apruebe un régimen fiscal especial para Cataluña, similar al del País Vasco y Navarra. Pero debe tenerse en cuenta que estos regímenes, al margen de los aspectos discutibles que conlleven, se amparan en fueros históricos, en la Constitución y en los Estatutos vasco y navarro, pero no sucede lo mismo con el caso catalán.

Da la impresión de que los políticos catalanes, en un momento de gran descontento ciudadano hacia la clase política (y hacia los propios promotores políticos de la iniciativa, que son el Gobierno de CIU), han emprendido una estrategia de “huida hacia adelante”, una especie de “cortina de humo” ante la más que discutible e ineficiente gestión pública llevada a cabo por los gobiernos catalanes en los últimos diez años (los del tripartito y los actuales de CIU), que está siendo puesta en duda hoy ante la inminente solicitud de rescate.

Para los catalanes, que son un pueblo emprendedor y trabajador donde los haya (y que como es sabido esta Comunidad está unida a Aragón por importantes lazos históricos), que sus políticos les hayan llevado a esta situación de tener que solicitar un rescate, sin duda, supone una gran deshonra.

Pero la solución ante esta situación entiendo que debe ser una mayor unión, cohesión, solidaridad y cooperación entre los catalanes y el resto de españoles, y no esta absurda y equivocada vorágine de diferenciación y de soberanismo, que no conduce hacia ningún lado, porque es contraria a la Constitución y sus principios de unidad y solidaridad interterritorial, y también a los principios de la Constitución europea, que no permiten la secesión a los pueblos que viven en normalidad democrática, como sucede con España y con Cataluña.

Cataluña y España se necesitan hoy más que nunca, y este desaguisado que han emprendido de modo irresponsable los actuales gobernantes catalanes debería reconducirse hacia un proceso totalmente inverso, para el bien de nuestro país y de la más pronta recuperación de su economía.

VOLVER A KEYNES

Aragón Digital , 1 y 2 de septiembre de 2012

Fundación Ciencias de la Documentación, 27 agosto 2012

Los medios de comunicación en estos días anuncian que la Unión Europea está preparando un escenario de salida de Grecia del Euro, porque según se afirma, existirían estudios que acreditarían que resultará más caro rescatar al país helénico que dejarle salir de la moneda común.

Al mismo tiempo, los alemanes quieren negociar un nuevo tratado comunitario en donde se crearía un organismo comunitario central que controlaría los presupuestos de los Estados con mayores dificultades en sus finanzas públicas

Estos dos nuevos escenarios financieros y políticos que se avecinan en Europa nos llevan a una clara reflexión: los europeos continuamos empeñados en las políticas económicas de reducción del gasto y de recortes en todas las partidas presupuestarias, sin distinción, con el objetivo supuestamente de calmar a los mercados y reducir las primas de riesgo de las deudas.

Pero esta forma de entender la economía y las políticas públicas entiendo que es radicalmente equivocada, y que se olvida que en economía, sólo las políticas de estímulo nos harán recuperar de nuevo la senda del crecimiento, y que el recorte y la reducción de gastos, realizada indiscriminadamente, como ahora, sólo conducirán a años de estancamiento.

Ante ello, considero que la mejor opción es poner de nuevo al gran economista británico John Maynard KEYNES como punto de referencia central de los europeos en nuestras políticas económicas, con una beligerancia mucho mayor con los mercados financieros y su forma especulativa de jugar con nuestra deuda.

Debe tenerse en cuenta que contamos con millones de ahorradores en Europa, que hasta ahora habían invertido en bolsa y en otros productos financieros ofrecidos por los bancos

Pero que si los Estados les incentivan de modo inteligente, ellos mismos podrían ser quienes adquirieran la deuda, pero a precios mucho más razonables en intereses.

Con ello, Europa (y también España y Aragón, donde seguimos a rajatabla las actuales exigencias comunitarias) retomaría el camino del crecimiento y de la confianza de los consumidores.

Porque con unos Estados “tranquilos” desde el punto de vista de sus finanzas públicas, se reactivaría la inversión en infraestructuras (como decía Keynes) y se reforzaría (hay que aumentar, incluso en tiempos de crisis, y jamás recortar) la inversión en educación e investigación, que son siempre las claves del futuro de una nación.

Porque España y Aragón necesitan nuevamente (ya lo necesitaban hace dos años, pero parece que nuevamente lo precisan ahora, pues ningún gobierno hasta ahora ha acertado con la crisis) un giro radical en sus formas de hacer políticas públicas.

Quizás algo nuevo se esté vislumbrando con los nuevos movimientos sociales e ideológicos que se están vislumbrando, que tardarán un poco en fraguar, pero que ojalá se conviertan en un nuevo paradigma que sepa aunar un Estado fuerte y regulador, con una iniciativa privada motivada (basada en la pequeña y mediana empresa y el autónomo) , que sepa crear riqueza y a la que los poderes públicos mimen e incentiven constantemente, reduciendo la burocracia y las trabas y valorando la innovación, que es la razón de ser del español y del aragonés.

La reinvención del gobierno

Fundación Ciencias de la Documentación

6 de agosto de 2012

En las situaciones de crisis y de dificultad de instituciones y de las sociedades es cuando se demuestra la capacidad de reacción y la valentía para afrontar los retos, y también cuando se emprenden los cambios y las transformaciones más importantes.

En el momento actual de recesión económica, se habla continuamente de corregir los fallos del mercado y de la necesidad por parte de las empresas de ser más eficiente y de adaptarse mucho mejor a los extraordinarios cambios a los que nos enfrentamos.

Sin embargo, existe otro ámbito, que es el de lo público, el del Gobierno y la Administración, cuyo correcto y eficiente funcionamiento es esencial para conseguir un efectivo desarrollo económico y social y un sistema transparente y que funcione adecuadamente. En Estados Unidos se habla desde hace décadas de la reinvención de los Gobiernos (véase la conocida obra, con este mismo título, de Ted Gaebler y David Osborne).

En España, salvando las distancias con Norteamérica, en los últimos 30 años la Administración ha crecido notablemente, y hemos pasado de ser el país europeo con menos intervención estatal a ser hoy uno de los Estados con más burocracia.

Todo ello supone, en términos económicos, un coste que es difícilmente asumible en una situación actual de dificultad económica, y que para la competitividad de nuestra economía, es un lastre que es preciso corregir.

Otros países, como algunas de las llamadas naciones emergentes, cuentan con burocracias en general más ágiles que la nuestra y, por este motivo, están mucho más preparados para competir en la economía globalizada actual, basada en las nuevas tecnologías y en los nuevos sectores emergentes, como las energías renovables, los servicios sociales y otros de alto valor añadido.

Debemos ser conscientes de este impresionante reto de reforma administrativa que tenemos por delante, porque una Administración lenta y demasiado intervencionista es un obstáculo para el desarrollo.

Por contra, un Gobierno y una Administración eficientes son una garantía de impulso de la economía y de la sociedad, pues no podemos afrontar los grandes retos que tenemos en este siglo XXI con un aparato burocrático propio en muchos casos del siglo XIX.

Existen muchos ejemplos de Administraciones eficaces y de servicios que sí se están adaptando muy bien a estos nuevos retos, porque debemos decir con claridad que lo público es necesario para el correcto funcionamiento de nuestro sistema, y para que los valores europeos de la democracia social que ya instauramos en el viejo continente a partir de 1945 continúen teniendo pleno vigor.

El reto que tenemos por delante es enorme, pero por este mismo motivo, todos los Gobiernos sin excepción deben tener la valentía y la capacidad de decisión suficiente para emprender una auténtica reinvención de los Gobiernos, y aprovechar el talento y la preparación de muchos de sus funcionarios, que están esperando que alguien desde arriba actúe como ejemplo y revulsivo de una situación que debe cambiar de inmediato, para tener el Gobierno moderno del siglo XXI que nos merecemos.

LA CANCILLER Y EL MAPA

ARAGÓN DIGITAL (4.6.2012)

Resulta cuando menos sorprendente que en un vídeo recientemente difundido en Internet la canciller germana, Angela Merkel, fue preguntada por los estudiantes sobre el lugar donde se encontraba Berlín en un mapa, y Merkel no fue capaz de situar a la capital de su país dentro del plano.

Este hecho es totalmente cierto (puede buscarse el vídeo en muchos lugares de la red donde se ha difundido), y nos ilustra sobre la baja calidad intelectual (y también moral, por lo que esta anécdota implica de por sí) y como estadista, de la mayoría de nuestros actuales líderes europeos.

En este contexto en el que hablamos, es claro que existe una estrategia de los alemanes y los países del norte de Europa por estigmatizar a los países del sur (entre ellos España), que es cierto que han cometido muy graves errores de gestión pública y privada en los últimos 15 años (el sobredimensionamiento del sector inmobiliario).

Pero no es menos cierto también que el sobre endeudamiento que teníamos en España fue alentado en gran parte por los bancos alemanes, que ganaban con estas prácticas.

Y hoy, la actual situación de España, Grecia, Portugal e Irlanda, es alentada por los alemanes para defender una política económica de ajustes y recortes que se aleja de la práctica europea (y norteamericana actual del presidente Obama), que en los últimos 70 años siempre siguió una línea keynesiana: en época de crisis, el Estado debe intervenir más con inversión pública precisamente para estimular la economía.

La actual política de recortes, llevada a cabo por todos los gobiernos, sin excepción, constituye un grave error, porque aunque sí limita muchos gastos innecesarios, también a la vez afecta a la inversión pública, que estimula la economía, y a servicios esenciales para el mantenimiento de la cohesión social.

Frente a ello, existe una política alternativa, que en EEUU hace 25 años Gaebler y Osborne ya plasmaron en su conocido libro La reinvención del Gobierno: el Gobierno debe intervenir menos cuantitativamente, pero no cualitativamente.

Y en este siglo XXI, los gobiernos que sean más eficientes y con menos recursos gestionen mejor serán los que consigan el éxito en la gestión pública.

Pero el recorte y la reducción del gasto no es la solución, pues ahoga la economía y satisface los intereses de los más poderosos, porque ellos son quienes especulan con el dinero de todos y quienes hoy invierten en un país con su deuda, y mañana en el otro lado del mundo con otros bienes o servicios.

Los europeos debemos decir definitivamente un no rotundo a esta imposición de esta forma de entender lo público (que en el fondo es lo que es de todos), que queda degradado a unos niveles que hace pocos años parecía impensable que iba a llegarse a esta situación.

Frente a los recortes, la alternativa es plantarse de modo vehemente frente a las imposiciones exteriores (nadie se va a atrever a expulsar a España del euro), y hacer un poco lo que han hecho los valientes islandeses: la deuda que ahora tenemos fueron los alemanes, franceses y otros quienes nos empujaron a asumirla, para ganar ellos con intereses y otros conceptos.

Ahora somos nosotros quienes deberíamos negarnos a pagarla y obligar a nuestros bancos y gobiernos a empezar de nuevo. Caiga quien caiga.

Y para conseguir que al final quien gane sea el ciudadano y la pequeña y mediana empresa, que son el corazón de este país, de modo que el crédito se recupere y se vuelva a estimular la economía y a recuperar el optimismo de los ciudadanos.

Hace falta una rebelión cívica, a la islandesa, para decirle a Merkel que hasta que no sepa situar bien en el mapa la ciudad de Berlín nosotros no estamos dispuestos ya más a dejarnos engañar por sus falacias y sus imposiciones.

La nueva reforma del sector financiero

Aragón Digital (28 de mayo de 2012)

En un artículo que escribimos tras la aprobación del RD Ley 2/2012, de 18 de febrero, afirmábamos que con aquella reforma se pretendía sentar las bases definitivas para lograr la confianza de nuestros socios comunitarios y de los mercados, y que por fin, España pudiera contar con un sistema financiero saneado de los activos inmobiliarios.

Sin embargo, en el transcurso de los meses han aflorado muchos más activos inmobiliarios deteriorados de lo que se pensaba en aquel momento, y el Gobierno se ha visto obligado a aprobar, mediante el RD Ley 18/2012 (ya van nada menos que 18 Decretos Leyes en 4 meses de año, más que en los años de la transición y los Pactos de la Moncloa), una nueva reforma del sector financiero.

En esta ocasión, no nos vamos a atrever a afirmar que ésta será la definitiva, pues la hondura de la crisis del sector inmobiliario está siendo mucho mayor de lo que en principio se creía.

Es imprescindible que los bancos cuenten de modo definitivo con unos balances saneados para que el crédito vuelva a fluir hacia las familias y las empresas y que la recuperación económica sea por fin un hecho.

Sin un sistema financiero saneado nuestro país tardará mucho más en recuperarse, y por este motivo, el principal objetivo de la política económica de España, a día de hoy, es contar con unos bancos y cajas de ahorros sólidos y solventes.

Nuestro sistema de supervisión financiera, tras las enormes crisis bancarias de los 70 y 80, había convertido a nuestro Banco de España y a nuestras autoridades económicas, en un ejemplo a seguir en los países occidentales.

Sin embargo, en estos últimos 10 años han fallado estrepitosamente los mecanismos de supervisión y deberían sin duda exigirse responsabilidades por ello.

Pero, al mismo tiempo, debemos transmitir a la opinión pública y a nuestros socios europeos y a los inversores internacionales un mensaje de seriedad y de responsabilidad, porque España es un país que en los últimos 30 años ha progresado más que en los dos últimos siglos, y por fin hemos terminado con el aislamiento secular.

Debemos apoyar todas las acciones que se lleven a cabo, por cualquier Gobierno, para conseguir que España recupere su peso en Europa y en el mundo, y que se corrijan los enormes errores de supervisión que se habían cometido en esta última década en el ámbito del sector financiero.

Nuestro sistema financiero es sólido, pero deben acometerse todas las reformas que sean precisas, para recuperar el prestigio y el nombre internacional que tenía antes de la actual crisis.