domingo, 24 de octubre de 2010

HACIA UN GOBIERNO ECONÓMICO MUNDIAL

César Ciriano Vela. Presidente de Fundiniciativas (España). Abogado.
Columnista de la Fundación Ciencias de la Documentación.

La coordinación entre los Gobiernos de los países más desarrollados del mundo y los de las llamadas economías emergentes para poner en marcha decisiones conjuntas y globales frente a la grave crisis económica actual ha tenido un escaso resultado práctico en los últimos meses.

Esta grave carencia en nuestro sistema económico mundial actual nos debe llevar a una clara conclusión: en la economía globalizada actual, es preciso contar con organismos reguladores internacionales que tengan un alcance universal y que cuenten con suficientes competencias que les permitan afrontar con medios adecuados y eficaces los desafíos económicos de nuestro tiempo.

Mientras no se creen en el mundo estos nuevos organismos internacionales de supervisión económica, que sustituyan a los existentes desde 1945 (FMI, Banco Mundial…), las soluciones por países o por zonas económicas frente a los desafíos económicos, medioambientales, culturales y de seguridad y defensa. (en suma, frente a los problemas actuales del mundo) no podrán resolverse de un modo eficaz.

Frente a esta tendencia de globalización del Gobierno económico mundial (que es la deseable y hacia la que camina el mundo), también existe en cada país la del nacionalismo económico y las políticas proteccionistas, que son la respuesta de muchos gobiernos y grupos sociales y económicos frente a la mundialización económica, como ya señalara Manuel Castells hace una década en su trilogía La era de la información. Economía, sociedad y cultura, publicada en los años 90, o en su reciente obra Comunicación y poder, 2010.

En este contexto, en la necesaria refundación del sistema económico mundial que se está configurando en los dos últimos años a través de las conferencias internacionales que se están celebrando, los Estados deberán crear nuevos órganos de carácter internacional a los que delegar algunas competencias (moneda, política financiera, regulación económica), con el fin de conseguir que todos los países cuenten con unas reglas de juego comunes y con unas instituciones de supervisión económica que hagan posible el correcto y eficaz funcionamiento de la economía de mercado (hoy nadie discute su existencia), pero que al mismo tiempo sirvan para corregir las importantes disfunciones e ineficiencias que se producen en el capitalismo actual de la era de la información.

Por todo ello, los Estados (y, entre nosotros, la misma Unión Europea) deberían transferir algunas de sus competencias económicas a estos nuevos organismos internacionales que deberán crearse (en el ámbito de la supervisión bancaria, financiera, bursátil, del comercio mundial, medioambiental, social, etc).

Porque el único modo de poder lograr un orden económico internacional más justo es crear y dotar de contenido práctico y efectivo a estas nuevas instituciones internacionales, que serán las únicas capaces de establecer y hacer cumplir unas reglas de juego auténticamente universales que permitan a todas las sociedades desarrollarse de un modo más igualitario y que posibiliten también a amplias capas de la población de los países pobres y en desarrollo acceder en el futuro a poder convertirse en clases medias, y por ello a poder permitir el desarrollo de nuevos mercados y nuevos intercambios económicos, sociales y culturales en el ámbito mundial.

Aunque en algunos foros (el Nobel Joseph E. Stiglitz por ejemplo) se habla de la existencia de un nuevo keynesianismo (aunque con muchos matices respecto al ya aplicado durante el siglo XX), el modelo económico que vamos a vislumbrar próximamente no responde a ninguno de los paradigmas mencionados, sino simplemente a un nuevo modelo, que está aún por crear y por tanto no conocido aún hasta el momento, pues la novedad de la economía de nuestro tiempo es que se trata de una economía globalizada e internacionalizada en unos niveles ya muy importantes, a diferencia de la existente en 1945 (cuando fueron creadas las actuales instituciones internacionales).

En todas las medidas aprobadas por los distintos Gobiernos frente a la actual crisis, dada la enorme premura de tiempo con la que se han diseñado, se echa en falta la puesta en marcha de más mecanismos de control jurídico y político, y también de control de su aplicación sobre los entes públicos y privados a los que se dirigen. Así, por ejemplo, una mayor obligación y control sobre las entidades financieras perceptoras de las ayudas gubernamentales, para que inyecten de inmediato dinero a los mercados y permitan a las empresas y a las familias acceder al crédito y por tanto al consumo y a la inversión.

El aumento de la intervención pública sobre la economía no debe significar un reforzamiento de la discrecionalidad administrativa y una disminución del control sobre el poder público (véase mi libro Administración Económica y discrecionalidad, Editorial Lex Nova, 2000, donde se proponen distintas medidas de control), pues el principio de Estado de Derecho debe continuar aplicándose con vigor dentro del ámbito de la regulación económica.

También deberían ponerse en marcha Planes coordinados de reforma de la Administración y sus procedimientos, que permitan a los Estados contar en el futuro con aparatos burocráticos que sean ágiles y eficaces, con la utilización mucho mayor de las nuevas tecnologías y la existencia de un mejor y más eficaz trato a los ciudadanos usuarios de los servicios públicos.

Porque el Gobierno económico mundial del siglo XXI debe ser un Gobierno al servicio de la sociedad internacional, acorde con los valores y principios de nuestro tiempo.