miércoles, 11 de agosto de 2010

LAS CAJAS DE AHORRO SON NECESARIAS

DOCUMENTALISTAS
10 agosto 2010
La reciente reforma de la legislación sobre Cajas de Ahorro que acaba de aprobar el Gobierno mediante el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, constituye el mayor cambio en la normativa del sector financiero que se ha llevado a cabo en los últimos 25 años, tal y como se ha afirmado por parte de algunos destacados miembros del Gobierno en las últimas semanas.

Teniendo en cuenta la gran trascendencia para nuestro sistema bancario y crediticio que supone esta reforma, llama poderosamente la atención que en su aprobación, no se haya tenido en cuenta la opinión ni de las Comunidades Autónomas (con competencia exclusiva sobre Cajas desde hace 30 años en todos los Estatutos, siendo ésta su principal atribución en política económica), ni de los Entes Locales (que representan de media a más del 25% de las asambleas de las cajas), ni de los consumidores-impositores (que representan a más del 40%), y tampoco de los trabajadores y las entidades fundadoras (que representan ambos a cerca del 10%).

También llama la atención que el Congreso (con el apoyo del PSOE y del PP) rechazara tramitar el Decreto como Ley (como sí se ha hecho con la reforma laboral), y que apenas dedicara unos minutos (el día de la convalidación de esta norma) a discutir una reforma que afecta a más de la mitad del PIB de España, que es lo que gestionan las cajas en cuanto a depósitos (cerca de 700.000 millones de euros).

Todos estos defectos procedimentales esenciales y estas carencias democráticas, convierten a la nueva Ley de Cajas en una norma con una base jurídica muy débil y muy endeble, y que cualquier juez o tribunal o la Unión Europea pueden anular y suspender en cualquier momento, tras los numerosos recursos presentados ante la Unión Europea, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por 14 sindicatos que representan a más de 12.000 trabajadores del sector, y los demás que puedan presentarse por otros entes en las próximas semanas.

A esta debilidad legal se une otra más: el procedimiento elegido por el Banco de España y el Gobierno para poner en marcha los procesos de fusiones de cajas (la mayoría a través de Sistemas Institucionales de Protección o “SIPs”), se ha puesto en marcha sin contar con base legal previa y sin tramitar ningún expediente de fusión por parte de ningún Gobierno autonómico.

Con la creación de uniones de Cajas (a través de SIPs la mayoría) donde se utiliza la forma de sociedad anónima (de bancos privados) y con la apertura del capital de las cajas a inversores privados (con derecho a voto, además, en el caso de las cuotas participativas), se inicia un proceso de privatización de las Cajas de Ahorros que en menos de una década puede llevar consigo su efectiva desaparición, pues se elimina la obra social al tener los inversores privados derecho a los dividendos (dejándola simbólicamente en manos de fundaciones).

Se echa en falta en la reforma la posibilidad de realizar uniones de cajas manteniendo su naturaleza jurídica actual, o la previsión de otros sistemas alternativos de captación de capital que no tengan por qué llevar consigo su privatización, y que sí son posibles en nuestro ordenamiento financiero. O también la implantación de Códigos de Buen Gobierno obligatorios y coercitivos que impidan algunos episodios sucedidos recientemente en varias cajas y que han sido la excusa elegida por el Gobierno para aprobar esta reforma.

En definitiva, el sistema de ahorro social que ha estado vigente en España en los últimos 150 años con éxito y gran apoyo por parte de la población corre peligro de desaparecer en los próximos años, y sólo si se introducen algunas modificaciones en la normativa que acaba de aprobarse podrá conseguirse frenar este proceso.