viernes, 2 de abril de 2010

UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PÚBLICO

Aragón Digital
2 de abril de 2010

Se cumple en estos días el aniversario del conocido caso Molinos de La Muela, todavía sometido a investigación judicial y policial, que durará probablemente uno o dos años más, y cuyas consecuencias son todavía, a día de hoy, imprevisibles.

Al mismo tiempo, en estos días sale de su situación de reclusión Luis Roldán, un personaje que en los años 90 fue para España una especie de bestia negra para la imagen internacional de un país que se había modernizado en el ámbito económico y social tras su entrada en la Unión Europea, pero que en materia de corrupción no había hecho todavía sus deberes.

Estos dos casos que acabo de exponer no son ni mucho menos los únicos existentes en la reciente historia de España y de Aragón, en donde estoy convencido de que la inmensa mayoría de los cargos públicos desempeñan su trabajo con honestidad y con renuncia a gran parte de su vida personal y familiar, pero que constituyen el ejemplo de la necesidad, hoy, de acometer una reforma profunda y radical del modo de funcionamiento de nuestros gobiernos y administraciones en la administración de la cosa pública.

Es preciso, en este contexto, poner en práctica códigos de buen gobierno en el ámbito público y empresarial, con carácter obligatorio y coercitivo, y que consigan frenar el fenómeno de la corrupción a través de la concienciación de la sociedad y de los responsables públicos, y del castigo ejemplar y contundente de las prácticas que vulneren estas reglas de buen gobierno.

Si se instaura en nuestra sociedad una nueva cultura de la honestidad y transparencia en el ámbito público y de la empresa, nuestro sistema democrático saldrá notablemente fortalecido y reforzado, y los ciudadanos tendrán muchos motivos para confiar en el sistema.

Para conseguir estos objetivos es preciso acometer una reforma profunda de los gobiernos y administraciones, con una reducción de los trámites burocráticos y una mayor transparencia en el acceso de los ciudadanos a la información administrativa.

Resulta también necesario conseguir una mayor austeridad en las cuentas públicas, con una reducción radical del sector público empresarial, que hoy en Aragón gestiona entre 600 y 900 millones de euros en 2010, en gran parte ajeno al control parlamentario y contable.

Deben regularse de un modo mucho más estricto los conflictos de intereses de los cargos públicos, para evitar recientes episodios bien conocidos y polémicos de lo que los anglosajones llaman las puertas giratorias o revolving doors.

En ámbitos como la contratación pública o el urbanismo, deben realizarse reformas radicales, para evitar que instituciones tan importantes como el Parlamento Europeo, con el conocido Informe Auken de febrero de 2009, nos pongan en evidencia ante la opinión pública europea y mundial.

Porque España y Aragón merecen unos gobiernos transparentes y limpios, y el sistema democrático y la economía agradecerán si se acometen las reformas que son necesarias.