martes, 16 de febrero de 2010

MAYOR TRANSPARENCIA EN ARAGÓN

Aragón y España han experimentado, en los últimos veinte años (interrumpidos por la grave crisis económica actual), un crecimiento económico muy importante, que se ha traducido en una mejora notable en los servicios e infraestructuras públicas, y hoy contamos con colegios, hospitales o carreteras de un nivel similar al de los países de nuestro entorno.

Pero esta equiparación en nivel económico y social no se ha traducido en un elemento fundamental en un país democrático: el grado de control de los ciudadanos sobre sus gobernantes y en la reducción al mínimo del nivel de corrupción.

Por ello, la reducción de la corrupción a los niveles de los países escandinavos y del norte de Europa (es decir, la mínimamente asumible desde el punto de vista humano) es hoy uno de los retos más importantes de nuestra democracia, pues de nada sirve haber avanzado tanto en progreso económico y social si los mecanismos de control sobre los gobernantes fallan estrepitosamente. Los casos Gürtel, Santa Coloma y de Unió Mallorquina han sido las gotas que han colmado el vaso.

En Aragón el caso de La Muela ha sido un primer aviso a navegantes, pero no debemos olvidar que por las manos de todas nuestras administraciones y gobiernos han pasado en los últimos años miles de instrumentos urbanísticos y miles de contratos y subvenciones públicas, y se han gestionado muchos miles de millones de euros, con un control jurídico, financiero y social muy escaso en la mayoría de los casos.

Un país moderno debe contar con una Administración transparente y cercana el ciudadano, que rinda cuentas de hasta el último euro que gasta cada uno de los gobiernos, y donde el ciudadano pueda participar mucho más en la gestión de los asuntos públicos.

Deben emprenderse sin demora las reformas legales que endurezcan los tipos penales de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y los demás asociados a la corrupción y en Aragón urge poner en marcha la Cámara de Cuentas, con los medios materiales y personales suficientes, y que controle hasta el último euro en la gestión del Gobierno de Aragón, los más de 700 ayuntamientos, las tres diputaciones y las 32 comarcas.

Es posible que la profesión política (sobre todo entre quienes asumen responsabilidades importantes) no esté suficientemente remunerada, en comparación con la empresa privada, pero el hecho de asumir una responsabilidad pública constituye un honor, por el servicio a los ciudadanos que ello conlleva, y es intolerable que se cometa la más mínima irregularidad.

Los ciudadanos se merecen un sistema mejor, donde por fin nos equiparemos a los países de nuestro entorno en el control sobre nuestros gobernantes y en el grado de transparencia del sistema.