martes, 24 de febrero de 2009

JUSTICIA Y EFICIENCIA

HERALDO DE ARAGÓN
24 de febrero de 2009 (pág. 24)


En los últimos años se han adoptado distintas medidas que tienen como objetivo modernizar la Administración de justicia en España, y dotarla de más medios y convertirla en un servicio público eficaz, con la aplicación de las nuevas tecnologías y la puesta en práctica de nuevas técnicas de organización administrativa.
Sin embargo, existen todavía muchas carencias y necesidades en la Justicia española actual, y muchos procedimientos continúan tardando varios años en tramitarse.
Esta dilación de trámites jurisdiccionales supone cada año, en términos de costes económicos para las empresas y los ciudadanos, muchos millones de euros.
Con una Justicia ineficaz y lenta se crea una permanente situación de inseguridad y de incertidumbre que supone un auténtico lastre en términos de eficiencia económica, que en tiempos de crisis como los actuales se deja notar todavía más.
Pero los cambios no deberían detenerse en este punto, pues los Juzgados y Tribunales no pueden resolver ellos solos todos los conflictos sociales y, por ello, es preciso conseguir que a ellos lleguen sólo los casos que verdaderamente no han podido ser terminados previamente mediante acuerdo entre las partes o mediante la decisión de órganos extrajudiciales y otros medios alternativos de resolución de conflictos.
Estos últimos deberían utilizarse mucho más, pues están bien regulados en las Leyes, como por ejemplo el arbitraje privado, o los órganos administrativos independientes que resuelven recursos, que podrían extenderse a otros muchos sectores de intervención pública: vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, etc.
Por todo ello, debería acometerse con urgencia una reforma legislativa de los procedimientos judiciales y también del sistema de organización y funcionamiento de la Justicia, dotándola de los medios personales y materiales que merece. Y debería instaurarse un clima de cooperación y de colaboración mutua entre Administraciones competentes, funcionarios y operadores jurídicos en general, con la participación también en esos órganos de los ciudadanos.
Porque un país como España merece una Justicia mejor, y está en nuestra mano alcanzar este objetivo, que no puede demorarse más.