viernes, 9 de enero de 2009

REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Por César CIRIANO VELA
doctor en Derecho y abogado
HERALDO DE ARAGÓN
9 Enero 2009
El Consejo de Ministros ha aprobado el 19 de diciembre un Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, que se presentará próximamente ante el Parlamento, en una nueva norma que pretende adaptar la legislación sobre extranjería a la situación económica y social actual de nuestro país, que es muy diferente de la existente en los últimos años.

El nuevo texto legal introduce importantes cambios en la legislación vigente hasta el momento, en aspectos como la reagrupación familiar (que ahora se limita en relación con los ascendientes –padres-, incluyéndose también a las parejas de hecho); la ampliación de algunos derechos de los extranjeros, como exige el Tribunal Constitucional (derecho de sufragio, de reunión y de asociación, entre otros); o la restricción de otros, de acuerdo con la nueva situación económica (derecho a las ayudas en materia de vivienda sólo a los residentes permanentes; o derecho de asistencia sanitaria universal sólo a los extranjeros legales).
Igualmente, se refuerza el régimen de infracciones y sanciones (se eleva su cuantía), con la inclusión de nuevos tipos (como la celebración de matrimonios de conveniencia) y la agravación de otros existentes (contratación de extranjeros en situación irregular); y se permite la gestión de algunos expedientes por parte de las Comunidades Autónomas (hasta ahora se trataba de una competencia exclusiva estatal).

En algunos de los preceptos se aprecia claramente la llamada doctrina Corbacho (en referencia al actual Ministro de Trabajo), con la introducción de limitaciones en algunos derechos sociales de los extranjeros, en una nueva política migratoria que sin duda pretende buscar el apoyo de los ciudadanos y de los partidos de la oposición en aquellos aspectos más controvertidos de la política migratoria del Gobierno en la legislatura anterior.

Sin embargo, en esta nueva Ley se mantienen los aspectos positivos introducidos en el Reglamento de Extranjería en 2004, que cambió la política migratoria de los Gobiernos del PP (que era poco sistemática), al vincular ahora la inmigración con el mercado de trabajo (obligando a los extranjeros a cotizar al menos 6 meses por año para poder renovar sus permisos), aunque en el texto de 2008 se introducen limitaciones en la contratación en origen, de acuerdo con el ciclo económico actual.

Y aunque la mayoría de los puntos nuevos que se introducen me parecen positivos, a mi juicio se desaprovecha la ocasión (y esperemos que en trámite parlamentario pueda enmendarse esta situación) para introducir otros cambios o reformas que son necesarias, bien por razones técnicas, o bien porque la sociedad española las demanda.

Así, por ejemplo, la coordinación administrativa entre el Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales (todas ellas competentes en distintos aspectos en materia de inmigración) no se refuerza ni se regula de un modo suficiente.
O tampoco se regulan aspectos técnicos importantes, como la sustitución de las expulsiones por multas cuando el extranjero irregular se encuentra en situación de arraigo (temporal, laboral o familiar); o la escasa regulación del régimen de las tasas en materia de extranjería, que en algunos casos son muy bajas en comparación con otros sectores.
Con las sanciones y las tasas el Estado podría recaudar mucho más de lo que lo hace ahora, y ese dinero adicional podría servir para mejorar los medios materiales y personales destinados a las políticas migratorias.

Tampoco se aprovecha la ocasión para incidir en un punto fundamental: la integración de los extranjeros en España, que es uno de los objetivos de la Ley de Extranjería (y no sólo regular los permisos de trabajo y residencia y las expulsiones, como en la práctica sucede).
Sobre este punto, debería regularse con mucho más detalle la intervención activa de las distintas Administraciones en los servicios públicos en cuya prestación conviven españoles y extranjeros: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, justicia, etc, donde deberían aprobarse Planes generales de integración y de convivencia, con una dotación económica suficiente y una coordinación entre Administraciones.
Sólo así podremos conseguir la creación de una auténtica sociedad multicultural y tolerante, y evitar episodios xenófobos como los ocurridos recientemente en países de nuestro entorno, pues si EEUU ha elegido con total normalidad a un Presidente como Barack Obama, Europa no puede quedar atrás en el desarrollo de la democracia moderna de acuerdo con estos nuevos tiempos, que reclaman también nueva políticas.

Porque, en definitiva, de lo que se trata es de conseguir que los extranjeros que vengan a nuestro país a residir y trabajar aporten a nuestra sociedad todas sus potencialidades y capacidades.

Aunque sobre el fondo de los fenómenos migratorios subyace la situación económica existente en sus países de origen, por esta razón también debe incidirse en las políticas de cooperación al desarrollo, donde los países occidentales deberían involucrarse mucho más y tener una visión de futuro, por razones de justicia social mundial y también de interés económico propio, pues si el nivel de desarrollo de estos países aumenta, también se incrementará el comercio mundial y se abrirán nuevos mercados y oportunidades para todos.