domingo, 25 de enero de 2009

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL: CARA Y CRUZ

César Ciriano Vela
Heraldo de Aragón
25 enero 2009 (pág. 26)

El Fondo Estatal de Inversión Local aprobado por el Gobierno el 28 de noviembre va a suponer, durante el presente año 2009, una inyección de 8.000 millones de euros a los Ayuntamientos de toda España para la realización de obras públicas de interés general (asfaltado de calles, construcción de instalaciones deportivas, culturales, educativas y sociales, así como otros muchos equipamientos públicos), de los que casi 400 millones de euros irán destinados a los más de 700 municipios aragoneses.
Se trata de una clara medida de política económica keynesiana, basada en la inversión pública, cuya valoración general debe ser positiva en el contexto actual de crisis económica, pues pretende, a través de la reactivación del sector de las obras municipales, la contratación de personas que se encuentran en situación de desempleo, para acometer una serie de actuaciones urgentes y prioritarias en cada Ayuntamiento.
Pero para que un Plan como éste pueda tener una efectividad más allá de las propias cifras económicas de la inversión que supone, debe ejecutarse de un modo eficaz y a través de un sistema de gestión pública que consiga al mismo tiempo rapidez en la ejecución de las obras y repercusión real sobre el sector económico al que se dirige (con la creación de empleo estable y de calidad) y, a la vez, que influya en la reactivación de otros sectores económicos relacionados con el de la construcción.
Algunos aspectos positivos de esta iniciativa son, por ejemplo, la reducción de los habituales plazos administrativos en la contratación pública, la obligación a los contratistas del pago rápido (a 30 días) a los subcontratistas, su ejecución inmediata en breves meses, o la generalización de las nuevas tecnologías en la presentación de solicitudes (por vía telemática).
Pero en este plan existen importantes lagunas, muchas de ellas motivadas por la premura de plazos y por la escasa regulación normativa que se ha realizado, que no ha previsto muchos detalles que pueden ocasionar problemas jurídicos importantes de interpretación.
Así, por ejemplo, sólo se prevé la contratación de desempleados (aspecto positivo), pero no de autónomos del sector de construcción que han cesado su actividad recientemente (tal y como se ha criticado con acierto por la asociación de autónomos UPTA-Aragón), lo que deja fuera del plan a miles de profesionales del sector de construcción.
Tampoco se prevén en el Fondo suficientes garantías de igualdad de oportunidades de las pequeñas empresas (PyMES) y los autónomos para participar en los contratos que convoquen los Ayuntamientos, por lo que debería reservarse un porcentaje de los contratos para este importante sector económico y social.
Igualmente, el escaso espacio de tiempo concedido para elaborar y presentar los proyectos no ha permitido a los gobiernos municipales realizar previamente una reflexión serena y pausada sobre qué proyectos de obras son más prioritarios para cada ciudad en el momento presente, donde todo dinero público debe ser si cabe mejor invertido que en los años pasados de bonanza económica.
Por esta razón, el plan gubernamental debería tener una continuidad permanente, mientras dure la actual situación económica, y debería servir para concienciar al Estado y a las Comunidades Autónomas sobre la precaria situación financiera de los Ayuntamientos que, como Administración más próxima al ciudadano, deberían contar con muchos más medios económicos y materiales y con más competencias delegadas por aquéllos.
Además, es preciso aprovechar esta ocasión para abrir el debate sobre la necesaria (y tantos años aplazada) descentralización desde el Estado y las Autonomías hacia los Ayuntamientos, que deberían asumir competencias, como sucede en otros países cercanos, en materias como la educación primaria, la atención sanitaria básica, los servicios sociales, o la vivienda.
Esta descentralización debe plasmarse en la aprobación de un plan conjunto, por parte de Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, de simplificación de trámites burocráticos y de coordinación administrativa, de modo que se eviten muchas duplicidades competenciales y se consiga una Administración más cercana a los ciudadanos, pues no podremos afrontar con garantías los enormes retos que tenemos en este siglo XXI si seguimos contando en muchos casos con una Administración propia del siglo XIX.